El 29 de marzo de 2018, se cumplió un año desde que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Decreto Legislativo número 639 que contiene la Ley de prohibición de la minería metálica, esto fue el resultado de más de 12 años de luchas de las comunidades y de distintos sectores nacionales e internacionales que contribuyeron a su logro.

El 31 de mayo de 2017 se aprobó el Decreto Ejecutivo número 25, que contiene el Reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, fue publicado en el Diario Oficial del 2 de junio de 2017.

Ante la prohibición legal de la minería en El Salvador, la empresa Pacific Rim-Oceana Gold, anunció su retiro del país mediante el cierre de sus instalaciones en Cabañas a partir del 15 de septiembre de 2017, donde funcionaban la Fundación El Dorado, y la empresa filial Minerales Torogoz, la primera es su brazo social que tiene el cometido de lavarle su verdadero rostro de empresa extractiva que daña el medio ambiente y atenta contra la vida. Pese a ese anuncio, la empresa extractiva se mantenía al acecho, con la expectativa de algún cambio en el país que pudiera beneficiarles.

A raíz de los resultados de las elecciones legislativas del 4 de marzo del presente año, donde los partidos de derecha obtuvieron una aritmética que les permite alcanzar fácilmente la mayoría simple, e incluso la mayoría calificada, y con ello la posibilidad de aprobar, reformar y derogar leyes sin la discusión necesaria ni concurrencia de votos de otros partidos políticos; la empresa, de manera casi inmediata, luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas ha reiniciado en el país su campaña de promoción de la minería verde, con lo que se percibe su expectativa de reformar la Ley de prohibición y así permitir desarrollar su actividad extractiva que atenta contra el medio ambiente y la vida.

Definitivamente, el riesgo de que la nueva Asamblea Legislativa pueda reformar la Ley de Prohibición de la Minería es latente, el cual cobra mayor fuerza si se toma en cuenta que uno de los precandidatos del partido ARENA a la presidencia del país tiene antecedentes pro mineros, pro “minería verde”.

Hay que recordar que en 2015 la Mesa Nacional contra la Minería Metálica declaró non grata la visita al país de Frank Giustra, vinculado a la empresa Pacific Rim-Oceana Gold que demandó por $284 millones de dó- lares al Estado de El Salvador, en un litigio ante el CIADI. Giustra acompañó al expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, y al magnate mexicano, Carlos Slim. El anfitrión de esos visitantes fue Carlos Callejas, uno de los precandidatos a la presidencia de ese partido político. Que dicho sea de paso, ninguno de los diputados de ese partido político acompañó dando iniciativa de ley al proyecto legislativo de la prohibición minera.

Estos elementos, son más que suficientes para inferir que la prohibición de la minería en el país está en riesgo, pero más aún, está en riesgo el medio ambiente, el agua, la salud y la vida de todos los y las salvadoreñas.

Ante este escenario, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, manifiesta:  

• Su preocupación ante la lentitud en la aplicación efectiva de la Ley de Prohibición de la Minería Metá- lica a un año de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
• Su preocupación por la reactivación de las intenciones empresariales extractivistas que empujan la falsa idea de una minería verde en el país, que pondría en riesgo el medio ambiente, el agua, la salud y la vida de todos los y las salvadoreñas.
• Su intranquilidad por la posibilidad de que diputados-as de partidos políticos de derecha en la Asamblea Legislativa estén valorando permitir la minería metálica en el país mediante la reforma de la Ley de prohibición de la minería.
• Su inquietud porque los intereses empresariales extractivistas empujados por candidatos a la presidencia de la República estén sobre los intereses colectivos de los y las salvadoreñas.

Ante ello, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica:

• Exige a los y las diputadas que conformarán la próxima Asamblea Legislativa, a no cambiar el marco normativo jurídico que prohíbe la minería metálica en el país, mediante la cual se protege el ya maltrecho medio ambiente, la salud y la vida en el país.
• Demandamos del Gobierno, impulsar la implementación efectiva de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, como un mensaje claro de su compromiso de no revertir dicha legislación.
• Exige a la empresa Pacific Rim-Oceana Gold, y a cualquiera otra interesada en desarrollar su industria extractiva en el país, a ser respetuosa de las leyes salvadoreñas y a no insistir en su interés que es contrario a la voluntad popular, tal cual ha quedado manifestado en consultas populares, encuestas y en la misma aprobación de la ley de prohibición.
• Llama a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, a la comunidad internacional y a la población en general a estar vigilantes de las actuaciones al interior de la Asamblea Legislativa, en cuanto a que sus acciones no sean contrarias a los intereses de la población en general del país en tanto se siga prohibiendo la minería para la protección del medio ambiente, el agua, la salud y la vida.
• La Mesa Nacional frente a la Minería estará vigilante, y alerta a las comunidades, movimiento social y los distintos sectores del país, a estar pendientes de cualquier intento que pretenda revertir la prohibición de la minería.

Comunicado,  Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM.